La policía como hacker… ¿Y la sociedad?

Hará ya más de diez años que nuestra sociedad ha introducido en su vocabulario la palabra hacker. Sin embargo, si buscamos una definición general y aceptada del término, no la vamos a encontrar.

En primer lugar, todos estamos de acuerdo con que un hacker es una persona que tiene grandes conocimientos informáticos. En lo que ya difieren las distintas definiciones es en si, esta persona que conoce tan profundamente los ordenadores y su funcionamiento, hace uso de esta sabiduría para acceder a sistemas personales supuestamente protegidos para conseguir según qué informaciones. Por ello, muchas veces, cuando hablamos de hackers, hacemos referencia a aquellas personas que entran en redes privadas para encontrar informaciones personales o íntimas.

Hoy en día, esto es ilegal. Nadie puede atentar contra el derecho de la intimidad o privacidad de las personas. Sin embargo, hay ciertos grupos o instituciones que tienen autorización para realizar este trabajo. Nos referimos a la policía, a cuerpos de investigación concretos, etc., que tienen como única tarea entrar en bases de datos supuestamente privadas.

Este trabajo lo pueden desarrollar bajo un mandato judicial, en el que la justicia les autoriza a atentar contra el derecho de la intimidad de personas concretas con la finalidad de combatir el mal (mafias, maltrato a mujeres o niños, etc.).

Estoy de acuerdo con que la justicia debe tener esta facultad de autorizar a según qué autoridades a vulnerar unos derechos personales para proteger los colectivos. Sin embargo, tal y como pasa en Millenium, hay casos en los que es el propio Estado y, con ello, como principal responsable la Justicia, el que practica acciones que deberían ser investigadas para ser castigadas. Acciones como la de atribuirse grandes cantidades de dinero, comercializar con drogas, maltratar a algunos sectores de la sociedad, entre otras.

En estos casos, como la justicia es la única que tiene el poder de vulnerar los derechos personales para garantizar los colectivos, si esta misma es la que no cumple con las normas del Estado, no habrá nadie que la investigue sin su autorización. Con ello, ¿qué debemos hacer nosotros, como ciudadanos?

Está claro que si nos arriesgamos a vulnerar el derecho de la intimidad de según qué personas y nos pillan con las manos en la masa, los únicos que saldremos perdiendo vamos a ser nosotros: seremos castigados por la justicia. Sin embargo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y permitir que el Estado se ría de nosotros y de nuestros derechos colectivos, supuestamente protegidos por el mismo.

En el caso de Millenium, Lisbeth Salander es la única atrevida que accede en bases de datos totalmente privadas. Podemos comprobar que eso es lo que deberíamos hacer todos si realmente dudamos del Estado, ya que si conseguimos probar que está vulnerando algunas normas (véase el Caso Pretoria, por ejemplo), éste se verá obligado a rectificar y, en teoría, a no repetir acciones como éstas, si es que quiere seguir siendo la máxima autoridad para la sociedad.

Clara de Melo Ponce.

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