Hace un par de días volvíamos recibir una noticia procedente de los Estados Unidos y relacionada con la pena de muerte. Esta vez le tocó al conocido como “Francotirador de Washington”, John Allen Muhammad, de 48 años.
Muhammad y su cómplice Lee Boyd Malvo fueron capturados el 24 de octubre del 2002 después de realizar 13 ataques que dejaron 10 muertos y 3 heridos en la capital de los Estados Unidos y sus alrededores. Pero, concretamente, el francotirador fue condenado a la pena capital por el asesinato de Dean Harold Meyers en una gasolinera del vecino estado de Virginia. También se sospecha que él y su cómplice participaron en tiroteos en otros estados, como Louisiana, Alabama y Arizona. Durante dos juicios Muhammad aseguró que era inocente.
Sin embargo, la ejecución mediante una inyección letal se llevó a cabo después de que el Tribunal Supremo de los EE.UU no quisiera aplazarla y se negara a escuchar alegatos de los abogados de Muhammad, quienes afirmaban que su cliente era un enfermo mental. La decisión fue respaldada hace un par de días por el gobernador de Virginia, Tim Kaine, quien manifestó que no había razón para anular la sentencia.
Así pues, la de Muhammad ha sido la ejecución número 103 en Virginia desde que el Supremo reestableció la pena de muerte en el país en 1976. En la aplicación del castigo Virginia es superada por Texas, que desde ese año ha ejecutado 444 condenados. Según cifras del Centro de Información de la Pena de Muerte (CIPM), desde 1976 han sido ejecutados 1.181 asesinos, la mayoría de ellos mediante una inyección letal.
Ahora bien, con todos estos datos, nos volvemos a plantear la misma pregunta de hace unos días: ¿Debemos matar a un asesino porque él ha matado a otra persona? Si nos damos cuenta, aplicando esta lógica, como ahora el Tribunal Supremo de los EE.UU se ha encargado de realizar un asesinato, los responsables de esta decisión deberían de ser ejecutados, también. En este país no se lo plantean, pero castigan por algo que ellos están realizando día tras día. No hace falta nombrar el número de guerras (y, por tanto, de muertos) en las que han participado; el número de penas de muerte que han ejecutado; el número de asesinatos que se han producido porque la Constitución del país garantiza el derecho de poseer un arma con el simple hecho de no tener antecedentes penales. Y así, podríamos seguir contando diferentes formas de matar que se producen en la primera potencia mundial.
Así pues, con sólo fijarnos un poco en las noticias de nuestros medios de comunicación (no hace falta recurrir a los de los EE.UU), cada cortos periodos de tiempo recibimos noticias que tienen que ver con la muerte. Pero no con la muerte natural, sino con la que tiene que ver con el asesinato.
Clara de Melo Ponce.
Voces en el laberinto 